El senador Sosa pide informes por la facturación a obras sociales en hospitales de Santa Fe
El PJ en la Cámara alta requiere precisiones sobre una medida adoptada en el Ministerio de Salud de Santa Fe sobre los hospitales públicos y las obras sociales.
Sin debate, ni exposiciones en las bancas, la Cámara de Senadores dio curso a un pedido de informes de la oposición justicialista que “busca obtener la información necesaria para evaluar las gestiones que el Ministerio de Salud esta implementando en virtud de la aplicación del Decreto Nacional 172/24” y de la decisión de dejar en manos de terceros el cobro por prestaciones del sistema público de salud provincial a las obras sociales y empresas de medicina prepaga.
El texto fue llevado al recinto en la última sesión por Hugo Sosa (PJ-Vera), un legislador que además es médico y lógicamente cuenta con un grado de detalle mayor sobre el tema que otros integrantes del cuerpo deliberativo en el que, además, otros dos representantes departamentales -pero del oficialismo- tienen esa profesión.
“A partir de noticias periodísticas, y luego de consultar con diferentes Consejos de Administración de los efectores de salud, tomamos conocimiento de la existencia de un plan de tercerización del sistema de facturación, el no cual no queda claro su modalidad de contratación y posterior aplicación”, advierte en el primer párrafo de los fundamentos del cuestionario el Dr. Sosa.
“En virtud de la trascendencia de esta medida y su impacto directo en la comunidad, es fundamental conocer con precisión cómo se llevará a cabo dicha transición y qué medidas se tomarán para garantizar su eficiencia y transparencia, asegurando así la continuidad y calidad en la prestación de servicios de salud en el sistema público”, expresa en ese texto.
Al norteño le preocupa que “producto de reforzar los sistemas de facturación, se vean afectados derechos de los trabajadores que a diario prestan servicios en la red de salud, quienes por ley participan en la distribución de los recursos propios que genera cada efector. Resulta menester tener información acabada del tema, en la cual se detalle qué tareas desarrollará la empresa y las evaluaciones que realizó el Ejecutivo respecto a la imposibilidad de que sean llevadas a cabo por el propio personal de la administración, ya que ceder a un privado el 15,5% de los recursos de cada efector es un gasto significativo sobre todo teniendo en cuenta la crisis económica y social en la que nos encontramos”.
En el Senado de Santa Fe la aprobación de los pedidos de informes se da por descontada. Se trata de una práctica histórica: no obstruir el acceso a la información pública de los ciudadanos y más de un legislador, por lo que el tratamiento sobre tablas y las manos levantadas de la mayoría de Unidos para Cambiar Santa Fe no debe llevar a confusiones sobre el fondo del asunto.
En el cuestionario, Sosa solicita saber “cómo tiene previsto llevar adelante los procesos de facturación y recuperación por las prestaciones brindas en los efectores de salud de la provincia a afiliados pertenecientes al subsistema de la seguridad social a partir de la entrada en vigor del Decreto Nacional 172/24 el cual elimina el sistema de facturación y recupero por intermedio de la Super Intendencia de Servicios de Salud”.
De inmediato expresa que el gobierno debería exponer “los fundamentos” para “tercerizar el sistema de facturación siendo que, en su mayoría, los efectores contaban con personal propio, idóneo y técnico para poder realizar esta gestión de manera directa”.
El pedido de informes reclama a las autoridades de Salud “detallar acabadamente cuáles serán las tareas que desarrollará la empresa N.T.B. S.A que no podrían ser realizadas por la propia administración, por lo cual se terceriza y se cede parte de los recursos propios de los efectores” y “remitir copia del expediente administrativo por el cual se definió la contratación de la empresa N.T.B S. A y del modelo de contrato que estarían firmando los efectores, todo conforme a lo establecido por la Ley 12510”.
Por último, “Informar cuales son los mecanismos de auditoria y control para garantizar que los derechos de los trabajadores no se vean perjudicados en la distribución de los fondos, ya que, de los recursos propios que genera un efector el 30% se distribuye entre el personal y un 5% se utiliza para becas y subsidios de salud”.
Fuente: El Litoral
